La Paz, 7 Jun (Notimex).- La Fiscalía Departamental de Beni, Bolivia, debe iniciar una acción penal por actos de tortura perpetrados por efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Moxos contra tres ciudadanos detenidos por infringir la cuarentena, demandó este domingo la Defensoría del Pueblo.
Las personas fueron detenidas en mayo supuestamente por transgredir las restricciones sanitarias frente a la pandemia del COVID-19. Las agresiones registradas en su contra fueron denunciadas e investigadas inicialmente por la Delegación Defensorial de Beni, recordó el organismo en un comunicado.
El fiscal del municipio se negó a promover de oficio un proceso penal por los delitos de vejación y torturas, por lo que dejó las agresiones en la impunidad, reprochó Nadia Cruz, titular de la Defensoría.
“Se recibió como respuesta que este tipo de denuncias, sin la formalidad legal, pueden derivar en venganzas personales o chantajes a particulares y que ya habrían transcurrido demasiados días, por lo que se requeriría instancia de parte para la investigación”, denunció Cruz.
La defensora recordó que desde el 4 de junio recomendaron a la Fiscalía General del Estado iniciar procesos disciplinarios contra personal del Ministerio Público de Beni por el incumplimiento de su función de promover la acción pública de oficio.
También recomendaron al comandante de la Armada Boliviana que inicie acciones disciplinarias contra el responsable de derechos humanos del Distrito Naval 2, a donde fueron trasladadas las personas agredidas, por instar a una de las víctimas de tortura a suscribir un documento privado que coarta sus derechos de acceso a la justicia y que viola la ley.
Además, el responsable de derechos humanos no comunicó la presunta comisión del delito de tortura a las autoridades pertinentes, criticó la Defensoría.
“También se pidió que se otorguen todas las medidas de protección a las personas que denunciaron tortura y a testigos”, señaló el organismo y adelantó que comunicará la resolución al Subcomité para la prevención de la tortura, conforme al Protocolo facultativo a la convención contra la tortura.
Las víctimas aseguran que fueron detenidas por militares al incumplir disposiciones de la cuarentena, fueron trasladadas al Distrito Naval 2 y recibieron golpes, asfixias con bolsas de plástica y sumergimientos en agua como mecanismos de castigo.
“El área de derechos humanos del Segundo Distrito Naval se constituyó para atender el caso, pero se conoció que solamente propició la firma de un documento para que la primera víctima no difunda ni denuncie los hechos.
“Estas posiciones desconocen que la tortura es un delito de acción pública y un crimen de lesa humanidad, por lo que a la fecha no existe una investigación penal abierta”, expresó la Defensoría.
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