Asambleístas buscan fiscalizar estancias de adultos mayores en la ciudad

México, 12 Dic (Notimex).- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa planteó cambios legales que permitirán fiscalizar las estancias de adultos mayores en la Ciudad de México. La diputada local Elizabeth Mateos Hernández dijo que, con frecuencia, los adultos mayores sufren violencia física, sexual y emocional, se les despoja de su patrimonio o se les interna en centros de asistencia donde se les maltrata, sin que conozcan sus derechos y queden imposibilitados de denunciar abusos. Indicó que para garantizar una atención adecuada a este grupo de la población, se propondrá ante el pleno una legislación que fiscalice las estancias en la Ciudad de México, con la promoción y salvaguarda de la integridad física y mental, además que reciban un trato digno. Adelantó que los cambios contemplan la creación de la Ley de Albergues y Centros de Día Privados para Personas Adultas Mayores, propuesta por el asambleísta Carlos Candelaria, y de la Ley de Albergues Privados para las Personas Adultas Mayores, promovida por el diputado Adrián Rubalcava. Las propuestas de modificaciones son resultado del trabajo y participación de diferentes actores sociales y no de nadie en particular, a través de la convocatoria en la que participaron especialistas que atienden los albergues. Recordó que los adultos mayores representan 10.8 por ciento en el país y 11.3 por ciento en la Ciudad de México, los cuales enfrentan insuficiencia de ingresos y la falta de protección social, que se traduce en un deterioro de su calidad de vida, exclusión social y una mayor dependencia de otras personas. La legisladora perredista expuso que este grupo de población también es excluido de la seguridad social en los contratos laborales y se les niega atención a la salud o la reciben de muy baja calidad. Las personas adultas mayores, concluyó, enfrentan situaciones familiares, sociales e institucionales adversas que deterioran su calidad de vida y su dignidad, y pese a los avances legislativos aún están fuera de tener garantizado su derecho a la vivienda, salud o vestido.